Procesaron a exfuncionarias de ANMAT e INAME por fentanilo contaminado

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó el pasado martes a la extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.

Kreplak las consideró, de acuerdo a la evidencia recolectada hasta el momento, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó casi 100 muertes, según informó la agencia NA.

El magistrado dispuso un embargo de 500 millones de pesos sobre sus bienes, mantuvo la prohibición de salir del país y ordenó la inhibición general de bienes. Estas medidas deberán comunicarse al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves.

Bisio y Mantecón Fumadó habían sido detenidas a comienzos de agosto de 2026, luego excarceladas tras pagar una fianza de 75 millones de pesos cada una y prestaron declaración indagatoria ante el mismo juez.

La causa acumula 14 procesados, entre ellos Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran. Todos están vinculados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Kreplak descartó por el momento la responsabilidad penal del ministro de Salud, Mario Lugones. Según la resolución, las decisiones políticas adoptadas desde la cartera sanitaria buscaban impedir el funcionamiento de los laboratorios investigados.

“La situación reviste cierta complejidad, pues se advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurrió en el seno de ANMAT/INAME”, sostuvo el juez.

El magistrado señaló que Lugones conocía las generalidades de la situación de los establecimientos, pero consideró que su intervención apuntaba al cierre de las operaciones y no a permitirlas.

“Todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación”, agregó Kreplak.

De esta manera, la resolución diferencia las responsabilidades atribuidas a las ex autoridades de los organismos de control y la actuación política del Ministerio de Salud.

En su ampliación de declaración, Mantecón Fumadó se desligó de responsabilidad y complicó a los laboratorios. Detalló las inspecciones realizadas en Ramallo S.A. en noviembre de 2024, donde se detectaron deficiencias críticas en líneas de producción de parenterales.

La exfuncionaria explicó que en 2023 el laboratorio registró 23 reportes, ocho de ellos con desvíos de calidad, y en 2024 sumó 15 reportes con cinco desvíos. Esto motivó la inspección que derivó en la firma de un acta donde el laboratorio se comprometió a no producir en las áreas inspeccionadas.

Sin embargo, según los informes técnicos citados por Mantecón Fumadó, Ramallo elaboró lotes de fentanilo en diciembre de 2024, incluyendo los lotes 31202 y 31244 el 18 de ese mes. Estos lotes presentaron eventos que los hicieron no conformes.

La exdirectora del INAME también se refirió al chat mantenido con Mariela Baldut el 26 de febrero de 2025 sobre la cantidad de producto en la calle y explicó que no había indicios sobre la contaminación de fentanilo en ese momento.

Los primeros reportes sobre el fentanilo llegaron al mail del departamento a cargo de Baldut. Mantecón Fumadó indicó que tomó conocimiento el 5 de mayo de 2025 y ordenó priorizar el tema. El 8 de mayo se elevó un expediente que proponía el retiro solo del lote 31202.

La exfuncionaria insistió en que ni ella ni la ANMAT como autoridad de aplicación pueden ser responsabilizadas por las consecuencias de las decisiones tomadas por el personal de los laboratorios. La causa continúa su tramitación en el juzgado federal de La Plata y se espera que las defensas de las procesadas presenten apelaciones ante la Cámara Federal de esa ciudad.